COLUMNA DE OPINIÓN
El aluvión que arrastró toneladas de barro, la lluvia torrencial y los granizos que afectaron distintas comunas de Santiago dejaron muchas imágenes de trabajadores difíciles de olvidar. Entre ellas, la de un repartidor de plataforma con su auto atrapado en el barro y la de una trabajadora que volvía a casa en un bus arrastrado por el agua. Como ellos, miles de trabajadores se han visto afectados por los eventos climáticos extremos durante este invierno en distintas regiones del país.
Los problemas generados por El Niño no terminarán con las inundaciones: para el verano se proyectan temperaturas sobre lo normal y más olas de calor. Europa ofrece un anticipo de lo que eso puede significar: las olas de calor de junio dejaron más de 10.000 muertes adicionales en el oeste del continente. El Niño es un fenómeno natural, pero el cambio climático amplifica sus efectos. Como lo han señalado numerosos especialistas, los eventos climáticos extremos serán cada vez más frecuentes e intensos.
En el debate público sobre la adaptación a esta nueva realidad, solemos hablar de las políticas necesarias para proteger viviendas, caminos y el suministro eléctrico, pero no tanto de la responsabilidad de las empresas frente a sus trabajadores, quienes deben seguir trabajando bajo la lluvia, en el barro o a pleno sol para mantener en funcionamiento sus operaciones y su rentabilidad.
¿Están las empresas protegiendo a los trabajadores frente a los peligros que trae consigo el cambio climático?
Con un equipo de investigación revisamos las memorias anuales de 2024 de todas las empresas grandes del país que emiten valores en Chile. Los datos indican que seis de cada diez reconocen explícitamente el cambio climático como un problema, pero solo el 22% reconoce que este puede afectar la salud y seguridad de sus trabajadores o declara alguna medida para enfrentarlo.
Asimismo, el riesgo climático aparece en los reportes como una amenaza para los activos, las operaciones y los mercados, sin embargo, muy rara vez como una amenaza para los trabajadores. Llama la atención, además, que en sectores con alta exposición al calor, como la agricultura y la construcción, esa proporción no supera el 10%.
Sin embargo, encontramos un dato revelador: la voz de los trabajadores puede marcar la diferencia. Entre las empresas que cuentan con sindicato, el 41% reconoce los riesgos climáticos para la salud y la seguridad laboral o declara contar con medidas para enfrentarlos. En cambio, entre aquellas que no tienen sindicato, esta cifra alcanza apenas el 9%. Cuando, además, los trabajadores son informados o consultados sobre las medidas de adaptación de la empresa, la proporción sube al 56%.
El desafío es que en Chile esa voz es débil. La legislación no garantiza la participación de los trabajadores en las decisiones de adaptación climática y las gerencias suelen ser reacias a ofrecer ese espacio. Además, los sindicatos son casi inexistentes en las pymes y una proporción importante de trabajadores se desempeña en la informalidad, al margen de cualquier protección.
A ello se suma que, como observamos en nuestra investigación, muchos dirigentes sindicales no se sienten preparados para proponer medidas que protejan a los trabajadores frente al cambio climático, y el tema no está entre sus prioridades, ya que las urgencias cotidianas, como salarios, jornadas o el cumplimiento de derechos básicos, absorben su tiempo y sus recursos.
Chile ha avanzado en su institucionalidad climática. La modificación del Decreto Supremo N° 594 publicada en enero de este año obliga a las empresas a adoptar medidas para proteger a los trabajadores frente al calor extremo. Sin embargo, tanto la investigación internacional como nuestro estudio coinciden en que este tipo de disposiciones, por sí solas, no garantizan mejores condiciones.
La participación real y autónoma de los trabajadores en la discusión de las medidas de adaptación que están tomando las empresas es fundamental para ello. Las organizaciones de trabajadores aportan conocimiento, socializan las medidas y, cuando las empresas no cumplen, actúan como agentes fiscalizadores. Sin la voz de los trabajadores, la normativa corre el riesgo de quedar en letra muerta o de favorecer medidas superficiales que no están a la altura de la amenaza.
Las lluvias del invierno pasarán; el calor del verano ya viene. Las normas son un paso, pero no bastan. Si queremos que los trabajadores no paguen los costos de la crisis climática, necesitamos que tengan voz en cómo se enfrenta: sindicatos formados en estos temas, empresas dispuestas a consultarlos y acuerdos que hagan exigibles las medidas.
AUTORA: FRANCISCA GUTIÉRREZ CROCCO
FUENTE: EL MOSTRADOR